Durante su campaña, Maduro amenazó con hacer "un baño de sangre" si la "extrema derecha" consigue llegar al poder. "Yo no dije mentiras. Solo hice una reflexión. El que se asustó que se tome una manzanilla", afirmaba en uno de sus meetings. Tres días después de conocerse los resultados, que dan la supuesta victoria a Nicolás Maduro con el 51.28% de los votos —cuestionados por gran parte de la comunidad internacional—, ya son al menos 11 personas las que han muerto en estas protestas y miles de manifestantes han sido detenidos por las fuerzas militares.
Desde que el pasado domingo el Consejo Nacional anunciase la reelección de Nicolás Maduro como presidente, son miles los venezolanos que han decidido salir masivamente a las calles en señal de protesta. Las fuerzas de seguridad no tardaron en emplear la fuerza, llegando incluso a abrir fuego contra la población, para reprimir estas manifestaciones que ya se han extendido a varias localidades del país.
La violencia no solo ha sido empleada contra los ciudadanos de a pie. A las pocas horas del inicio de las protestas, varios agentes de seguridad arrestaron al opositor Freddy Superlano, vinculado a María Corina Machado, la líder antichavista y exdiputada que ha conseguido movilizar el voto de gran parte del país. Además, el Gobierno de Maduro también ha amenazado con detener tanto a Corina como al líder de la oposición, Edmundo González Urrutia. Ha sido el principal operador político de Maduro, Jorge Rodríguez, quien ha realizado una petición de cárcel contra ambos líderes. En caso de ejecutarse, el clima político y social de Venezuela alcanzaría una nueva dimensión.
Zona 7 es un hervidero de personas desde primera hora de la mañana. A la sede de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el este de caracas acuden desde muy temprano decenas de familias para tener noticias de sus seres queridos y, si pueden, dejarles comida, una arepita, un refresco, un arroz con caraotas, como se conoce en Venezuela al frijo, o simplemente una garrafa de agua.
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En Venezuela han sido detenidas 1.200 personas desde el domingo, según el mismo Nicolás Maduro, y muchas han ido a parar a Zona 7, donde la fila de familiares aumenta conforme sube el sol, al mismo tiempo que crecen los nervios cuando los guardias impiden el acceso de los víveres. A las detenciones arbitrarias se le suceden las desapariciones, según denuncian varias ONGs. Algo que se ha repetido durante estos últimos años. La organización venezolana Foro Penal denuncia que desde el año 2014, al menos 875 civiles han sido investigados, procesados o juzgados por tribunales militares, al servicio del Gobierno de Maduro.
“Gracias a Dios que está preso, porque eso quiere decir que está vivo”, asegura Nelson, padre de un joven veinteañero que fue detenido el martes en mitad de la calle cuando, ni siquiera, asegura el progenitor, había participado en las protestas opositoras.
Su crimen fue estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, no muy lejos de donde se daba la concentración opositora liderada por María Corina Machado. “Él venía del trabajo y tuvo un accidente en la moto, y resulta que pasaba la guardia y se lo llevó preso. No sabemos de él. Supuestamente, lo tienen aquí, pero no nos dejan verlo”.
Nelson oculta su apellido para evitar represalias. El miedo de las familias que están junto a la sede policial de Zona 7 es tremendo. La mayoría se niega a hablar con la prensa por miedo a que el proceso judicial de sus seres queridos se vea perjudicado por dar declaraciones.
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“Uno se preocupa porque mi hijo no debería estar preso. Lo que debían haber hecho es haberlo auxiliado y dejarlo libre, pero lo metieron preso. Nos dimos cuenta de que estaba en poder de las autoridades cuando lo empezamos a buscar. Ellos nos dicen que esperemos. No pueden dar información porque no saben nada. Deberían dejarnos entrar, aunque sea para que uno los vea”, reclama el padre, preocupado.
Muchos aseguran que detuvieron a sus familiares simplemente porque los vieron en una fotografía o un vídeo, participando en las protestas, de forma pacífica, y por eso el temor de hablar con los medios es máximo.
El camino que lleva al portón de zona siete es una carretera angosta de un solo carril aislada de las vías principales por un complejo industrial y comercial y un edificio residencial. En los andenes de la vía hay aparcadas motocicletas y vehículos. Entre ellas se cuelan, haciendo fila, resguardándose en las pocas sombras, bajo un calor abrasador, decenas de personas, cada una con sus bolsitas, con los víveres o las comidas que han preparado con mucho cariño para los suyos. Este jueves no ha habido suerte y las autoridades no han permitido ingresar los desayunos, se quejan los padres preocupados.
“Nosotros le damos la bolsita a los funcionarios y ellos se la llevan, pero no sabemos si se las entregan o qué. Ese es el problema. Por ahí fue un señor que me dijo que él tiene un conocido dentro y llamó al conocido, que es un funcionario, para preguntarle si le había llegado la comida a su conocido y le dijo que no le había llegado”, lamenta Nelson.
Detenciones arbitrarias a menores
El temor de muchos es también que sus hijos, en ocasiones incluso menores de edad, acaben en prisiones encerradas con presos peligrosos. Por la mañana un grupo de detenidos en el contexto de la crisis fue trasladado a la prisión de Yare, donde se concentran presos condenados por los delitos más graves. “Yo tengo a un menor de edad aquí. Nos da miedo que se los lleven a otro sitio y que los acusen de algo. Si se los llevan a una cárcel es con malandros, con puro delincuente”, teme Will, proveniente de uno de los barrios humildes de la capital.
“Mi hijo solo estaba caminando después de la marcha. Pacífico. No andaban haciendo nada, ni quemando nada, pero el Gobierno es así”, añade el hombre que no puede disimular la preocupación de su cara. A pocos metros de él espera Sandra, proveniente de Petare, uno de los barrios más humildes de América Latina que protagoniza estos días las protestas. Ella pregunta por dos niñas menores de edad, huérfanas, de las que se ha hecho cargo tras ser detenidas.
“Ellas no sabían nada de las marchas. Salieron a buscar un teléfono porque a una, la mayor, se le quedó en el trabajo. La policía se las llevó y no nos dan información. Una de ellas tiene claustrofobia y su respiración es muy baja. A su novio le dijeron que podría salir gracias a esa condición, pero no hemos sabido nada. No dan información”, lamenta.
Desconcertado está también William, un hombre de mediana edad que espera con rostro preocupado noticias de su hijo de 20 años y que, asegura, tampoco estaba en las marchas opositoras. “A mi hijo de 20 años lo agarran subiendo junto a la casa. Iba con varios amigos con vainas de muchachos. Yo me enteré al día siguiente de que él estaba aquí en zona 7. No nos han dado respuesta de nada. Nos dicen que hay que esperar y que los van a pasar para tribunales. Lo acusan de traición a la patria, pero ellos no hicieron absolutamente nada”, expone.
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No solo hay jóvenes entre los presos. En la fila de familiares está Roberto, un veterano buscando noticias de su mujer, que también es mayor. A él le afecta más el calor que al resto, y pide agua. Está acompañado de un amigo, de la misma edad. Su mujer sí fue a la marcha opositora. Volvía tranquilamente a su casa, en el centro de la ciudad, cuando fue interceptada por las autoridades y finalmente detenida.
“Espero que los tengan separados hombres y mujeres, pero es que no dicen nada. Uno no saben a qué atenerse. Les he preguntado los motivos. Dicen que es para generar paz y estabilidad”, asegura el hombre, parado en la fila, mirando sin mirar al horizonte, absorto en sus pensamientos, mientras sostiene una bolsita de rayas, como el polo que lleva puesto, con los enseres que ha traído a su esposa.
De súbito, la fila se rompe y se hacen dos grupos. Dos representantes de grupos de la sociedad civil han llegado con las listas de quienes están todavía en el centro. Decenas de miradas curiosas se centran en esas personas. Las manos se van levantando cuando se escucha el nombre de un familiar. Para la mayoría es un alivio oírlo. Está bien. No fue liberado, pero al menos no fue trasladado a Yare, donde le espera una celda en un ambiente criminal.
Una de las mayores preocupaciones de las asociaciones que ayudan a los presos es que no se les está permitiendo representar legalmente a las personas detenidas, sino que se les está obligando a tomar abogados públicos de oficio. “Eso es una grave violación al derecho a la defensa. Ellos tienen derecho a poder elegir el abogado que quieren que les asista y hay que dejar claro que nuestra legislación establece que la persona privada de libertad no puede elegir al abogado que quiera, la familia que está fuera es encargada de poderse mover y pedir esa asistencia que ellos quieran”, asegura Estefanía Migliorini, coordinadora jurídica en Caracas de Foro Penal, una organización venezolana que vela por la defensa legal de los presos.
“No sabemos si los abogados públicos pueden hacer todas las diligencias pertinentes en el lapso de los 45 días. Desconocemos cómo van a solucionar eso. Lo ideal es que los abogados de confianza de cada cual se hagan cargo de los casos y brindarles la asistencia necesaria”, añade Estefanía.
